Control Social
El control social es tanto un derecho como un deber de todas las personas y colectivos, quienes, de forma individual o a través de organizaciones comunitarias, redes o instituciones, tienen la capacidad de vigilar, evaluar y retroalimentar la gestión pública. Esto garantiza que los recursos y bienes públicos se utilicen de forma eficiente, transparente y alineada con los objetivos de la sociedad
El fundamento de este mecanismo se encuentra en los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015, que resguardan la participación ciudadana en cada etapa de la gestión pública: desde la formulación y ejecución hasta el control y seguimiento. En la práctica, el control social se ejerce mediante herramientas como:
1. Veedurías ciudadanas.
2. Auditorías y juntas de vigilancia que supervisan proyectos.
3. Contratos y servicios públicos.
4. Audiencias y espacios de rendición de cuentas.
5. Canales de denuncia, que permiten identificar y señalar irregularidades.
Nuestras acciones
2025
¿Por qué es importante?
1. Fomenta la transparencia:
permite que las decisiones del Estado sean accesibles y verificables por la ciudadanía.
2. Mejora la gestión pública:
con la evaluación ciudadana, se corrigen desvíos, se optimizan recursos y se fortalecen procesos institucionales.
3. Fortalece la democracia:
empodera a las personas como actores activos en la vigilancia del uso del poder y recursos, contribuyendo a prevenir corrupción y abusos.
Tu participación nos importa
Invitamos a la ciudadanía a involucrarse activamente en el control social institucional, utilizando los canales disponibles para participar, presentar observaciones, hacer seguimiento a proyectos y participar en auditorías ciudadanas. Tu voz y tu vigilancia son esenciales para garantizar instituciones más transparentes, eficientes y responsables.
